En los últimos años en Bolivia se ha relanzado el tema de eficiencia energética cuyas acciones efectivas se plasmaron a partir de la promulgación del D.S. No. 29466  de 5 de marzo de 2008 a través del cual el  estado boliviano aprobó el Programa Nacional de Eficiencia Energética como parte del Programa “Electricidad para vivir con dignidad”, con la finalidad de establecer acciones políticas  y ejecutar proyectos que buscan optimizar el uso racional eficiente y eficaz de la energía. En concordancia a esta norma, la nueva  Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, estipula en su Art. 378 que el acceso a la energía se regirá por el principio de eficiencia entre otros. Adicionalmente Bolivia participa de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, adquiriendo el compromiso común pero diferenciado de elaborar, publicar, actualizar periódicamente y facilitar a la Conferencia de las Partes, los Inventarios Nacionales de emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero, para tal efecto presenta sus Comunicaciones Nacionales. La ultima presentada en 2009.

Las acciones que se han implementado en el País en cumplimiento de los compromisos asumidos y los enunciados de la CPE y el DS 29466, fueron: el lanzamiento de la campaña “desplaza tu consumo eléctrico fuera de horas pico”, la sustitución de lámparas incandescentes (focos) con lámparas fluorescentes compactas (ahorradoras), lo que contribuyó a evitar el racionamiento eléctrico, la conversión del parque automotor a GNV subvencionado por el Estado, con gran éxito en el sector del transporte público y últimamente, la instalación de redes de gas domiciliario. Se encuentran proyectadas plantas termoeléctricas e hidroeléctricas  y el etiquetado de aparatos electrodomésticos de bajo consumo.

El enfoque del Gobierno Nacional en eficiencia energética sin embargo aún no es integrador pues pareciera ser que depende en gran medida de las necesidades de equilibrio entre producción y consumo (por ello las campañas desarrolladas se apuntaron a disminuir este último). Lo cual es un valido y consistente primer argumento, sin embargo para dar solidez a la Eficiencia Energética en Bolivia se requiere un potenciamiento real no solo en el concepto  de consumo menor o PML- Producción Más Limpia en Industrias, sino el trabajo en campañas e incentivos en el sector productivo, de tal modo que el concepto de eficiencia no afecte el de producción al incidir en el concepto de consumir menos, pues la eficiencia energética supone “la reducción del consumo de energía manteniendo los mismos servicios energéticos” (Anexo DS.29466).

Por ejemplo podría proponerse al sector productivo: un beneficio económico notorio por menor consumo en facturas de electricidad, alternativas de apoyo a la inversión en el cambio de fuentes de suministro de energía con el uso de renovables y/o un reconocimiento a la mejora en la eficiencia de sus procesos. En el sector domiciliario lanzar campañas para sustitución de fuentes de energía con incentivos reales que persigan por ejemplo la implementación de sistemas de calentamiento de agua para duchas (sistemas termosolares), realizar actividades de concientización y sensibilización conjuntamente a los proyectos gubernamentales en ejecución que se están desarrollando, tanto para la adquisición de aparatos eléctricos nuevos como para el uso racional de energía.

Esto significaría un cambio de óptica y un trabajo desde la visión del consumidor  dirigiendo el enfoque estatal a abordar la eficiencia energética desde una perspectiva de demanda y no de oferta, en cumplimiento además de lo estipulado en el D.S. 29466, que señala “los dos enfoques que se le puede dar a la eficiencia energética son, la oferta (Mejoras de operación, Mejores formas de producir, Fuentes alternas) y la demanda (Uso Racional de Energía, Conservación de Energía, Manejo de Energía)

Siendo que Bolivia es uno de los pocos países en Sudamérica que es “casi” independiente energéticamente,  pues tiene que importar ciertas cantidades de diesel para abastecer al mercado interno, es apremiante la atención al desarrollo de políticas y reglamentaciones en eficiencia energética como una alternativa para la optimización de recursos que posee a lo largo de toda la cadena energética, a objeto de, sin disminuir la calidad de vida y protegiendo el medio ambiente, asegurar el abastecimiento y fomentar un comportamiento sostenible en su uso “sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, lo que implica una tarea conjunta y de carácter permanente” (Ley 1333).